En lugar de que el Director Nacional del INFONAVIT, proponga premiar a quienes realizan despojos e invasiones de viviendas con facilidades para “comprarlas” el mismo Instituto debería proponer reformas penales para que se agrave el delito de despojo y se den facilidades a trabajadores que dejaron sus casas por resultarles impagables o por otros problemas.

El presidente de la COPARMEX en Ensenada Alberto Muñoz Avilez recordó que hace unos días el Titular de INFONAVIT aseveró que darían facilidades a quienes se hubieran apropiado de una casa ajena para que pudieran comprarla, un acto que es contrario al estado de derecho.

Se trata -apuntó el dirigente empresarial - de hablar de una posible premiación a un delincuente cuando precisamente está invadiendo tu predio y cuando está tratando de desposeerte de tu propiedad.

El gobierno federal pretende en lugar de buscar opciones de una restructuración de créditos, de una restructuración de renta para que sea considerada la persona que invade, en este caso tu propiedad con quedarse con ella y con facilidades.

Es un crédito Infonavit que se dio a un trabajador y por diversas razones no la pudo pagar, alguien más la invade y es al que el INFONAVIT, le quiere dar facilidades para que tenga la oportunidad de quedarse con esa vivienda.

“Estamos en total desacuerdo, consideramos nosotros que es una aberración precisamente hablar que el Estado de derecho sea pisoteado de esa manera”.

“Despojar a una persona que con tanto esfuerzo ha logrado durante varios años poder obtener un crédito en INFONAVIT y que por algún supuesto que ha tenido en el tema personal no ha podido seguir cumpliendo con ese crédito ahora sea sujeto de que le van a desposeer precisamente de su propiedad”.

Hasta el momento numerosos organismos empresariales han levantado la voz en contra de esta propuesta del Director de Infonavit y se ha planteado una contrapropuesta que sería que al invasor se le castigue con mayor fuerza, que se le castigue con la modificación precisamente del propio código penal en Baja California.

Donde pueda establecer que lejos de una prisión de un año, de uno a seis años, se le incremente la penalidad a aquellas personas precisamente que estén tratando de desposeer o tratar de invadir un predio que no les pertenece.

Tras estas declaraciones de nueva cuenta sindicatos y empresarios deberán sumar fuerzas para evitar que una propuesta de esta naturaleza pueda llegar a una reforma a la ley y se vulnere con ello, el derecho de trabajadores formales que han pagado cuotas por años para tener un crédito y de empresas que deben cubrir estas cuotas también para darles acceso.

Es en concreto, una propuesta que rompe el derecho de los trabajadores y podría dar pie a que criminales tomen esta situación para despojar a las personas de sus casas avalados por el gobierno.