La movilización de empresarios formales es un hecho inusual, es la segunda ocasión en la historia reciente de Ensenada donde el único antecedente previo, fue una marcha acontecida el 24 de octubre del 2013, con destino al SAT, para manifestarse contra la homologación del IVA a 16% en la región fronteriza.

Pero esta marcha fue distinta, los comerciantes, fueron encabezados por el dirigente nacional de CONCANACO Octavio de la Torre y el Presidente de CANACO Nicolás Ayub, marcharon por la calle Primera hasta el CEARTE donde ofrecieron una conferencia de prensa, en la que dieron a conocer el impacto que el comercio informal “protegido por el Ayuntamiento” causa ya en los negocios de la zona turística, donde 15 son los que hasta el momento han tenido que cerrar sus puertas.

En el trayecto desde la CANACO al CEARTE, comerciantes, mostraron pancartas donde se leía: Presidenta, no siga fomentando la informalidad",

“Todos coludos o todos rabones”, “La informalidad: no cubre IMSS, no paga predial, no paga permisos de operación, no paga impuestos, no cumple con el Reglamento de Comercio”.

Además "Exigimos reglas y los mismos valores”, , “La informalidad no es solución. Es pobreza, caos y desilusión” y “La informalidad no cubre IMSS, aportaciones en servicios públicos, permisos de operación, predial, no cumple con el Reglamento de Comercio”.

En la conferencia de prensa en tanto, Nicolás Ayub Martínez Presidente de CANACO Ensenada indicó que el Artículo 35 del reglamento de comercio indica:

“Considerando que la zona turística comprendida por la Avenida Adolfo López Mateos (Primera) Bulevar Lázaro Cárdenas (Costero) y el primer cuadro de la ciudad constituyen el patrimonio histórico de los ensenadenses, queda establecida como zona restringida, con relación a toda actividad comercial que se realice en la vía pública y por tanto den dicha zona queda prohibido el otorgamiento de permisos nuevos anuales y accidentales”.

Una de las demandas de los comerciantes tiene que ver con el destino que se han dado a los recursos del tianguis establecido en la avenida Alvarado donde presuntamente se cobran 10 mil pesos mensuales a los locatarios, una renta que se desconoce a donde van a parar.

Al respecto Octavio de la Torre apuntó que dichos recursos deben ser transparentados, no sólo por el daño que han provocado al comercio formal, sino porque deben tener un destino y se desconoce cual es y como se han utilizado si han llegado a las arcas municipales.

Expresó que se presentarán denuncias en contra de quien resulte responsable de esta invasión que ha violentado de forma sistemática los reglamentos del mismo municipio.

Finalmente apuntaron que se han solicitado reuniones con la alcaldesa y con los regidores que no se han logrado concretar, pese a lo relevante del tema.